España está viviendo unos meses, entendiendo el periodo de meses como un plazo que se extiende por más de año y medio, desde que se inició la pandemia, muy convulsos a nivel económico.
A pesar de que la incidencia del Covid 19 parece estar bajo control, en gran parte gracias al amplio avance en el ritmo de vacunación, han sido muchas empresas y profesionales los que se han quedado en el camino.
El Gobierno de la nación, junto con las comunidades autónomas, han impulsado planes de ayudas y han alcanzado acuerdos con los agentes sociales (empresarios y sindicatos) encaminados a amortizar todo lo posible el impacto de la crisis, pero para muchas, estas medidas han llegado tarde.
Las que sí pudieron acogerse tienen también otras opciones disponibles en la legislación que les pueden resultar de gran ayuda, como es por ejemplo la ley de segunda oportunidad.
Este mecanismo está pensado para agilizar los procesos de cancelación de deudas, gestionar impagos y solucionar el sobreendeudamiento principalmente de autónomos y particulares. Vemos con detalle cómo funciona la herramienta.
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
La ley de segunda oportunidad es un mecanismo legal pensado para personas físicas, con o sin actividad empresarial, que intentan resolver una situación de insolvencia grave o quiebra.
La norma está regulada en el Real Decreto-ley 1/2015 de 27 de febrero, y el objetivo es ayudar a quienes se han comportado como buenos pagadores durante su trayectoria profesional pero están inmersos en un bache económico puntual.
Más allá de esta ley está también el concurso de acreedores, que veremos más adelante, pero desde su puesta en marcha, este mecanismo ha sido el seleccionado por numerosos autónomos y particulares para responder ante los cobros pendientes en situaciones de urgencia. En cualquier caso, la ley de segunda oportunidad solo es posible si se dan una serie de requisitos imprescindibles.
¿Quién puede acogerse a la ley de segunda oportunidad?
Acogerse a la ley de segunda oportunidad Zaragoza es muy recomendable, pero solo en caso de que se cuente con asesoramiento experto, pues no deja de ser un procedimiento que requiere conocimientos jurídicos y financieros de calado.
El mecanismo solo se activa si existe una justificación que pruebe que el deudor no cuente con patrimonio suficiente para hacer frente a esas deudas. De lo contrario, será ese patrimonio el que sirva como respuesta frente a los acreedores. Por otra parte, la cantidad adeudada no debe superar los cinco millones de euros y las deudas contraídas solo serán admitidas cuando fueron en ejercicio de buena fe.
Esta buena fe es el concepto que genera más confusión porque está sujeto a condicionantes como no haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales, intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial con la parte acreedora y que la persona que intenta este procedimiento de segunda oportunidad no sea declarada culpable en el concurso de acreedores. Junto a esto, no se puede haber solicitado un mismo mecanismo en los últimos diez años.
Desde el año 2019, todas las deudas pueden ser dirigidas hacia procesos de este tipo, incluso las contraídas con administraciones públicas. Cuando no hay acuerdo extrajudicial, es cuando se activa el proceso de concurso, que ya implica la participación de un juez.
El concurso de acreedores, la solución final tras una ley de segunda oportunidad fallida
Muy relacionado con la ley de segunda oportunidad se encuentra el concurso de acreedores. Lo ideal es acudir a profesionales especializados en esta materia tan compleja, que está sujeta a modificaciones constantes en la normativa que obligan a los expertos en el área concursal a experimentar reciclajes continuos. Si estás pensando en solicitar un concurso de acreedores en zaragoza, le recomendamos que contacte con un despacho de la talla de Marceñido.
El concurso de acreedores, también denominado concurso consecutivo, puede entenderse como la última fase de la ley de segunda oportunidad, y solo se activa cuando no hay un acuerdo extrajudicial de pagos.
En principio, el concurso consecutivo se inicia bajo la batuta de un mediador concursal, que es quien declara ese concurso. A partir de ahí se aprueban planes de pago que durarán hasta cinco años y que incluyen quitas y esperas y el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).
Esto permite cancelar las deudas que no se pueden afrontar. Los trámites de este concurso consecutivo, que es un concurso de acreedores, pueden tardar de tres a siete meses como norma general.
Pasado ese tiempo, el objetivo final es que el deudor consiga hacer frente a los pagos pendientes. Si esto no ocurre, el acreedor podrá solicitar la revocación del BEPI en caso de que se hayan producido incumplimientos en el pan de pago, se demuestren ingresos o bienes que hayan sido ocultados o el deudor haya mejorado su economía hasta tal punto de poder hacer frente a los pagos.
