La multinacional bananera Chiquita Brands International ha desarrollado operaciones por décadas en varios países de América Latina, destacándose en Colombia, donde operó en zonas controladas por grupos armados, entre ellos guerrillas y grupos paramilitares, dentro de un entorno de extrema violencia.
Según el periódico colombiano El Tiempo, las acciones de la multinacional bananera Chiquita en la región del Urabá antioqueño, en plena etapa del conflicto armado, han sido ampliamente discutidas. Las decisiones adoptadas para proteger a su personal y garantizar su operatividad han provocado un intenso debate sobre la seguridad corporativa y los límites éticos frente a grupos armados.
Una de las principales controversias gira en torno a los pagos a testigos, los cuales se realizaron, presuntamente, en un ambiente marcado por violencia y coacción. Esta situación ha puesto en duda la legitimidad de varios testimonios clave en los procesos judiciales.
Chiquita y las AUC: pagos bajo amenaza
Entre 1997 y 2004, la multinacional bananera Chiquita transfirió recursos económicos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta práctica fue compartida por otras compañías del sector agrícola, que operaban en zonas de riesgo. La empresa sostiene que los pagos realizados respondieron a amenazas graves, con el único objetivo de salvaguardar la seguridad de sus empleados. Ex integrantes de las AUC han respaldado esta versión en declaraciones judiciales.
En 2007, Chiquita admitió haber transferido aproximadamente 1,4 millones de dólares a ese grupo armado, según lo reconocido ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta admisión derivó en una multa de 25 millones de dólares, aunque los procesos legales siguen en curso tanto en Colombia como en Estados Unidos, en medio del debate sobre la responsabilidad empresarial en escenarios de conflicto.
Procesos judiciales en Colombia y EE. UU.
En Estados Unidos, Chiquita Brands enfrenta una demanda civil de víctimas del conflicto, mientras que en Colombia se adelanta un proceso penal que busca establecer si hubo responsabilidad por parte de sus antiguos ejecutivos. En ambos países, se ha puesto en duda la credibilidad de algunos testimonios presentados en los tribunales.
El periódico colombiano El Tiempo reveló que algunos ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia habrían recibido dinero por parte de abogados que representan a las víctimas. Aunque dichas transferencias fueron justificadas como ayudas humanitarias, la multinacional bananera Chiquita considera que podrían haber influido en las declaraciones, afectando la transparencia del proceso judicial.
En su defensa, la compañía presentó una serie de pruebas documentales, como correos electrónicos, comprobantes bancarios y fotografías, que confirmarían pagos realizados por abogados estadounidenses a testigos clave. Esta documentación ha sido clave para reabrir el debate sobre la supuesta manipulación de testimonios.
Según una nota del periódico colombiano El Tiempo, “esos correos empiezan a llegar a los procesos que hay en Colombia por financiación de grupos paramilitares contra Chiquita Brands y también contra una multinacional carbonera Drummond, cuyas audiencias están en etapa de cierre”. Esta información ha aumentado la complejidad del caso, en medio de un ambiente cargado de presión mediática y judicial.
El desenlace pendiente para Chiquita
El caso de la multinacional bananera Chiquita representa un ejemplo claro de los desafíos que enfrentan las empresas internacionales en contextos dominados por la violencia estructural. La compañía afirma que los pagos no voluntarios a grupos armados se realizaron bajo coerción. La decisión de los tribunales será fundamental para establecer las consecuencias legales y reputacionales derivadas de su actuación.
